¿Tienen los niños derecho al voto?

¿Tienen los niños derecho al voto?

Una reciente propuesta de Vox para “ampliar el derecho de sufragio hasta convertirlo en verdaderamente universal, es decir, reconocer a los niños su derecho al voto, tutelado –como todos los demás de los que gozan– por sus padres o tutores” ha levantado una cierta polémica.

Y añadía Santiago Abascal lo siguiente: “Que voten los niños, es decir que se amplíen los derechos políticos a los menores, a través de sus padres. Ellos también pagan impuestos, ellos también se ven afectados por las decisiones políticas –muchas veces de forma funesta, por el cortoplacisimo enfermizo de nuestros dirigentes–. Ellos, nada más nacer, ya deben un dinero que nosotros hemos gastado, ellos tendrán que trabajar para pagar nuestras pensiones, y es de justicia que su voz se oiga a través de sus padres, porque nadie mejor que ellos tutelará sus derechos e intereses.

Esta conquista de derechos para la familia cambiaría la forma de entender la política, potenciaría los proyectos a largo plazo, sería más cuidadosa con el legado que transmitimos, pondría encima de la mesa los grandes debates hurtados a la opinión pública: las tasas demográficas suicidas, la discriminación de la convivencia familiar, la deuda brutal que estamos traspasando a nuestros descendientes”.

La propuesta, por mucho que algunos quieran desacreditarla y tacharla de folclórica, no es ninguna tontería. Buscando en la red he encontrado que, aunque ya se estudió en el pasado, el sociólogo y demógrafo Paul Demeny la recogió en 1986 del siguiente modo: “Debemos fortalecer la influencia de las familias con niños en el sistema político. Cuando los recién nacidos son admitidos en la sociedad humana no deberíamos de dejarlos sin derechos políticos hasta los 18 años: dejemos que sus padres ejerzan el derecho al voto de sus hijos hasta que estos lleguen a la mayoría de edad”. De ahí que se conozca como Voto Demeny.

Y es que, más allá de la viabilidad de la propuesta, parece claro que aquí existe un problema y que las familias que más están aportando a la sociedad, que más esfuerzos están realizando para criar a unos hijos que serán los que pagarán las futuras pensiones de todos (si alguien aún se cree aquel cuento de la capitalización de tus aportaciones a la Seguridad Social siento sacarle de la ilusión, pero la verdad es que la caja está vacía, la verdad es que lo que te detraen va, directa y totalmente a pagar las pensiones actuales, y así será en el futuro) tendrían que tener algo más que decir acerca de determinadas decisiones.

Demeny justifica su medida pensando que así se promovería la natalidad, un presupuesto que a mí me parece discutible. Por su parte, más recientemente, Miles Corak, profesor de la Universidad de Ottawa, ha defendido que se puede argumentar en favor del voto de los menores de edad independientemente de las consecuencias que provoque, dado que es un acto de justicia en sí mismo que “respeta los derechos inalienables e inherentes de los niños como ciudadanos”.

Corak argumenta que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es clara a la hora de señalar que los niños tienen derechos civiles y políticos: por ejemplo, deben poder declarar en procesos administrativos y judiciales que les afecten, bien directamente, bien a través de sus representantes legales según las leyes de cada país.

La Convención es también clara cuando señala que los gobiernos deben respetar las responsabilidades y deberes de los padres y las familias para defender y ejercer los derechos del niño “de modo consistente con las capacidades evolutivas del niño”. En consecuencia, si el niño no puede ejercer su derecho, eso no significa que éste no exista, y los padres o sus representantes tienen el derecho y el deber a ejercerlo en nombre del niño. Si esto no está previsto, deben de reformarse las leyes para que sea posible. El derecho al voto es un derecho inherente a todo ciudadano y es el modo que tiene de participar en el establecimiento de prioridades sociales. Si no se consideran las prioridades de los niños, el proceso está viciado y sesgado (la política generalizada de endeudamiento público y de tirar la pelota hacia adelante está claramente en contra de los intereses de unos niños que no pueden influir políticamente pero a los que les cargamos con un fardo pesadísimo en forma de deuda pública).

Hasta aquí la argumentación de Corak, que se muestra a favor de otorgar a las madres un voto extra por hijo, mientras que Demeny opta a otorgar medio voto a cada padre por hijo común bajo su potestad. Fue también Demeny quien, en una entrevista en 2011, iba más allá de las consecuencias positivas sobre la natalidad y defendía su idea como una progresión de la democracia: si en el siglo XIX se habían eliminado las restricciones al voto por razones de propiedad, si en el XX se había hecho lo mismo en relación al sexo, en el siglo XXI se deben eliminar las restricciones ligadas a la edad.

Como he señalado antes, la propuesta no es fácil de aplicar y quizás pudieran ser más eficaces otras medidas como las que actúan directamente en el cálculo de las pensiones a través de un coeficiente que considere el número de hijos criados. Pero me parece que tiene un gran mérito: poner ante nuestros ojos un déficit de nuestro sistema, un sesgo en la toma de decisiones, que no considera los legítimos intereses de los menores de edad.

Así pues, bienvenido sea el debate. Gracias, Santiago, por traerlo a la palestra.

Un Comentario

  1. Lo mas coherente q he leído en muchos años. Yo pienso idéntico

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