Caso Davis: ¿Se debe obedecer una ley injusta?
A estas alturas es probable que usted conozca a Kim Davis, la funcionaria estadounidense encarcelada el pasado 3 de septiembre por negarse a firmar licencias matrimoniales entre personas del mismo sexo y liberada 5 días después en medio de grandes presiones en su favor y tras aceptar no interferir si sus subordinados optan por tramitar esas licencias. Resumimos primero los hechos.
Davis es secretaria del condado de Rowan, en Kentucky, un puesto al que se accede por elección de los vecinos. Ante la reciente redefinición del matrimonio por parte del Tribunal Supremo estadounidense, Davis decidió dejar de expedir licencias matrimoniales. Afirma que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que su conciencia no le permite colaborar en una mentira que socava la base de toda sociedad. Recurrió por vía judicial pero el pasado 31 de agosto su objeción fue rechazada. Al no acatar la sentencia, el juez federal David L. Bunning (nombrado por el entonces presidente George W. Bush) la mandó encarcelar hasta que se comprometiera a aceptar la sentencia y firmar las licencias matrimoniales, algo que Davis anunció que no iba a hacer en ningún caso.
Hasta aquí los hechos de un caso que, como era de esperar, ha levantado ardientes polémicas. Davis y sus defensores argumentan que no se les puede obligar a violentar sus conciencias y que hay que obedecer antes a las leyes de Dios que a las leyes de los hombres (Davis, cuya afiliación política, por cierto, es demócrata, pertenece a una iglesia cristiana protestante, la llamada iglesia apostólica Solid Rock, desde su no tan lejana conversión).
En apoyo de su postura están la Primera Enmienda a la Constitución, que entre otras cosas prohíbe que una ley impida la práctica libre de cualquier religión y la Religious Freedom Restoration Act (RFRA), que habla de “no imponer cargas excesivas al ejercicio de la religión de una persona”, incluso cuando se deriven de una “norma de aplicación general”.
En este caso, la alternativa que ofrecían los abogados de Davis eran otras diez secretarías que distan de Rowan menos de una hora de coche. El abogado de Davis, Roger Gannam, reaccionó a la orden de prisión declarando que “hoy, por primera vez en la historia, un ciudadano americano ha sido encarcelado por creer en conciencia que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”.
Entre sus detractores, la argumentación se ha basado en la necesidad que tiene el Estado de hacer cumplir las leyes que ha aprobado, sean cuales sean, y sin entrar en cuestiones de conciencia que podrían dificultar enormemente la aplicación de las mismas. En palabras del juez Bunning: “Si le das a las personas la oportunidad para decidir qué órdenes seguir, eso puede causar problemas”.
De hecho, Davis se ha limitado a no hacer: no ha participado en ninguna campaña para que otros secretarios siguiesen su ejemplo ni, por ejemplo, ha discutido la legitimidad del Supremo para imponer una definición del matrimonio. Ella, a lo Bartleby, sencillamente se ha negado a hacer.
Pero claro, este testimonio, cuando va acompañado de un compromiso tan radical que no le importa acabar con sus huesos en la cárcel, tiene una enorme fuerza, una fuerza simbólica que cuestiona la gran mentira del matrimonio entre personas del mismo sexo. Probablemente por ello el juez haya descartado imponer una multa, tal y como pedía la acusación, y optar por la cárcel, la otra alternativa que se le concede a un juez estadounidense cuando alguien incumple una sentencia.
El caso Davis ha provocado un debate que afecta a los fundamentos de la vida política. Se plantea, por un lado, la cuestión del respeto a la conciencia y del marco de la objeción. Por otro lado, la naturaleza de la ley: si es ley todo lo que el legislador ordena o si sigue siendo cierto aquello de que la ley injusta no es ley. El debate, curiosamente, reproduce muchos aspectos de la discusión que se produce tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El argumento de los defensores de quienes colaboraron en el engranaje administrativo organizado para exterminar a los judíos, como es el caso del famoso caso Eichman, es precisamente el mismo que emplea el juez Bunning: los funcionarios deben obedecer la ley sin más, sin entrar en valoraciones morales y de conciencia que no les toca discernir. Eichman fue condenado a la pena capital por haber cumplido escrupulosamente una ley injusta, Ruth Davis ha sido encarcelada por haberse negado a seguir una ley que, en conciencia, considera injusta. No parece muy coherente.
