Cuando los pueblos podían rechazar nuevas cargas tributarias

En la interesante biografía de Maurras, escrita por Stéphane Giocanti y publicada por Acantilado, se explica cómo un joven Maurras estudia los documentos de la época d ela Revolución francesa en los archivos de su Martigues natal. Y lo que encuentra son “unos sistemas consuetudinarios, empíricos, dispersos, cuerpos, formas de protección social y de solidaridad, parroquias, comunas, por medio de los cuales la nación y sus subdivisiones históricas establecían un relevo y una protección entre el individuo y el Estado central”.

Explica Giocanti que, más tarde, en 1911, Maurras descubrirá unos registros de la Asambleas de comunidades celebradas en el siglo XVII, en lo que llamamos plena monarquía “absoluta”. Y encuentra que, por ejemplo, en Lambesc, en 1667, se dice que “el rey pide seiscientos mil francos, se le conceden cuatrocientos mil, a condición de que Su Majestad revoque… etc”. Rechazos y condiciones que no fueron patrimonio de Francia, sino que abundaron en la historia económica de España.

Este hallazgo le hace escribir: “Los historiadores oficiales señalan 1789 como el final del periodo de la servidumbre de los franceses y el comienzo del periodo de su libertad. A juzgar por los fastos de nuestra república municipal, hay que invertir esta indicación. La historia oficial miente. La libertad concreta estuvo para unos en el Antiguo Régimen y la servidumbre concreta data del Nuevo. Desde el año VIII no somos ya ciudadanos, sino administrados”.

Hoy, rechazar la imposición de nuevos tributos por parte del poder político se nos antoja inimaginable. Somos tan administrados que ya ni siquiera podemos concebir otro escenario, por mucha Educación para la Ciudadanía que nos impongan. O peor aún, como afirma Ignacio Ruiz-Quintano, ya ni administrados: nos hemos convertido, a los ojos de la Administración pública, en meros cajeros autómaticos.