Cuando los jueces son un problema
Estos días, como es lógico, la opinión pública se está centrando en los diversos desmanes y corruptelas de nuestra clase política, que al mismo tiempo nos arruinan (porque al final, no se engañen, el dinero conseguido a través de la corrupción acaba pagándolo el contribuyente) y desprestigian como país.
En otros países se habla de límites al poder de los políticos, los famosos “checks and balances”. Uno de ellos, crucial, es el poder judicial. Cuando la degradación campa a sus anchas por un país, uno espera que, al menos, la seriedad, rigor y estricta aplicación de la Ley es una garantía de que no nos vamos a despeñar, ahí están los jueces para poner un poco de cordura y honestidad. Si ya no te puedes fiar de los jueces, es el momento de empezar a hacer las maletas.
Pues bien, todo parece indicar que el poder judicial está tan corrompido que es ya incapaz de hacer cumplir la ley (y además le parece magnífico). Tres casos vienen a confirmar esta desoladora impresión.
- La sentencia del caso Morín, por la que se saltan a la torera la ley porque les parece poco “progresista” y deciden, unilateralmente, que si la mujer da su consentimiento, el resto poco importa. Fuera plazos, fuera condiciones, la ley a la basura. ¡Cuánto gasto en papel del BOE que nos podríamos haber ahorrado!
- El TSJA que archiva la denuncia contra Gordillo y su banda porque interpreta que el hecho de que una horda asalte un edificio y amenace a los profesores que estaban allí es una ridiculez, pues “la intimidación no fue lo suficientemente intensa como para constituir delito”. Diferente hubiera sido si Gordillo y los suyos hubieran puesto, por ejemplo, un cuchillo en el cuello de la hija de uno de los presentes, aunque bien pensado, es probable que ni así, hasta que la sangre no corra el TSJA no verá suficiente intensidad.
- Por último, las palabras del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, quien dando muestras de una deshonestidad intelectual de primera magnitud, ha declarado algo que ni los independentistas más fanáticos se cree: que una declaración de independencia por parte de un supuesto pueblo catalán soberano está contemplada en la Constitución española del 78… eso sí, acudiendo a una “interpretación poniéndose en el terreno del otro, con la empatía, con interpretaciones amables que se podrían hacer de la Constitución para dar respuesta, seguramente se podría encontrar”.
Todo parece indicar que, lejos de ser salvaguarda de la Ley, los jueces, en la España de hoy en día, son peligrosos sofistas dispuestos a acabar de darnos el empujón para que nos despeñemos. Algunos recordarán aquello de que en España la Justicia es un cachondeo. Es incluso peor. Arbitraria, injusta, cobarde, mentirosa, nos deja desamaparados cuando no nos agrede directamente. Y además, gracias a Gallardón, ahora tenemos que pagar por ella.
